Un propietario de Indio Cuá declaró ante la Justicia que el funcionario abonó más de 20 mil dólares en efectivo por un alquiler, mientras realizaba obras en su vivienda.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó en las últimas horas un nuevo testimonio que aporta detalles sobre movimientos de dinero en efectivo durante su estadía en un country del distrito.
Se trata de la declaración de José Rodríguez, propietario de una vivienda en Indio Cuá, quien aseguró que el funcionario alquiló su casa mientras se realizaban trabajos en otra propiedad ubicada dentro del mismo predio. El testigo brindó su versión ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa en curso.
Según relató, el acuerdo incluyó más de un contrato. En total, los pagos habrían superado los 20 mil dólares, todos realizados en efectivo. La estadía se habría extendido durante varios meses, acompañando el avance de una obra que, de acuerdo con otro testimonio, implicó una inversión considerable.
La reconstrucción de los hechos indica que el primer alquiler se pactó en octubre de 2023 por US$ 5.600, pensado para el verano siguiente. Luego se concretó un segundo acuerdo por US$ 13.000 para continuar residiendo en el lugar mientras avanzaban las refacciones. A ese esquema se le sumó una extensión de tres meses, con un costo adicional de US$ 2.400, debido a demoras en la obra.
Rodríguez afirmó que la totalidad de las operaciones se realizaron mediante entrega directa de dinero, sin transferencias ni registros bancarios. Ese punto se transformó en uno de los aspectos centrales que ahora analizan los investigadores.
En paralelo, trascendió que las refacciones en la propiedad del funcionario habrían alcanzado un monto significativamente superior, de acuerdo con la declaración de un contratista vinculado a la obra. Ese dato se incorporó al expediente como parte del análisis sobre la evolución patrimonial.
Mientras tanto, el tema también comenzó a generar repercusiones en el ámbito político. En la Cámara de Diputados, sectores de la oposición intentaron avanzar con una sesión especial para abordar la situación, aunque la falta de consenso impidió reunir el quórum necesario y la convocatoria fue postergada.
El pedido había sido impulsado por el legislador Esteban Paulón junto a otros bloques, con la intención de tratar pedidos de informes e incluso evaluar medidas más severas. Sin embargo, la ausencia de acompañamiento de otros espacios dejó la iniciativa en suspenso.
Con este nuevo testimonio, la causa continúa sumando elementos que deberán ser evaluados por la Justicia para determinar si existieron irregularidades en las operaciones económicas vinculadas al funcionario.
