El contratista que realizó las remodelaciones en la vivienda del jefe de Gabinete aportó documentación ante la fiscalía federal y el monto total coincidiría con los USD 245 mil que había mencionado en su primera declaración.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito continúa sumando elementos. En las últimas horas, se incorporó al expediente una serie de facturas, presupuestos y conversaciones vinculadas a las obras realizadas en la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en nuestro distrito.
La nueva documentación fue presentada el viernes pasado por el contratista Matías Tabar, quien se presentó espontáneamente ante la Justicia para aportar información sobre las remodelaciones efectuadas en la propiedad. Según declaró, el costo total de los trabajos habría ascendido a US$ 245.000.
Entre los comprobantes incorporados a la causa aparecen gastos correspondientes a distintos sectores y servicios de la casa. Uno de los documentos más relevantes es una factura por $7,3 millones vinculada a la instalación de una parrilla. Además, se adjuntaron presupuestos de aberturas de alta gama donde figuran ventanas de comedor valuadas en US$ 2500 cada una y galerías de comedor cotizadas en US$ 3200 por unidad.
La causa también sumó una factura por $ 14.586.000 correspondiente a la colocación de un grupo electrógeno en la vivienda. A esto se agregan conversaciones mantenidas con personas que habrían trabajado en distintas tareas relacionadas con la piscina y otros sectores de la propiedad.
Otro de los comprobantes incorporados al expediente corresponde a la compra de una bomba de calor para climatizar la pileta, con un valor de US$ 3096. En paralelo, también aparecen gastos vinculados a la colocación de vidrios, reflejados en una factura por $ 5.747.000.
La lista de documentos entregados incluye además chats con un plomero que habría participado de distintas tareas dentro del inmueble y una factura por compra de ladrillos por $ 8.277.560, entre otros materiales y servicios utilizados durante la obra.
Mientras tanto, desde el entorno del funcionario nacional rechazaron la cifra de US$ 245.000 mencionada por el contratista y deslizaron la posibilidad de solicitar un peritaje sobre la propiedad para determinar el verdadero costo de las refacciones realizadas.
La investigación continúa avanzando y ahora los investigadores esperan un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que analizará el patrimonio del funcionario. Una vez que ese documento sea incorporado formalmente al expediente, la Justicia podría avanzar con un pedido para que Adorni brinde explicaciones sobre el origen y la composición de sus bienes.
El caso mantiene atención política y judicial debido al volumen de dinero mencionado en la causa y a la aparición constante de nueva documentación relacionada con las obras realizadas en la vivienda ubicada en el country de Exaltación de la Cruz.
