El constructor afirmó que llevó registros de la obra y explicó que la vivienda no amplió su superficie original. La investigación se encuentra en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien analiza una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
El contratista Matías Tabar rompió el silencio luego de presentarse ante la Justicia y volvió a referirse a la remodelación de la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en el country Indio Cuá.
En declaraciones con A24, el constructor confirmó que el costo total de los trabajos realizados en la propiedad alcanzó los 245 mil dólares y aseguró que cuenta con documentación vinculada al desarrollo de la obra: “Está todo documentado”. La investigación se encuentra en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien analiza una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
Tabar explicó que la intervención sobre la vivienda no implicó una ampliación de la superficie construida y que los trabajos se realizaron respetando la estructura existente. “No se agregaron metros cuadrados. Se respetó el plano original de lo cual estaba declarado tanto en el barrio como en la municipalidad”, afirmó.
Según relató, el monto final surgió de un seguimiento de los trabajos realizados, materiales utilizados y servicios contratados durante el proceso. “Es una especie de administración de la obra, de las cosas que se hicieron y se llevó un recuento y se llegó a ese número que fue el que se entregó en la justicia”, señaló.
El constructor también confirmó que entregó ante los investigadores documentación relacionada con las compras y contrataciones efectuadas durante la remodelación de la propiedad. Allí presentó facturas y remitos vinculados a los gastos de la obra.
Sobre la situación tributaria que derivó en una intimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Tabar sostuvo que se trata de una situación que deberá regularizar como contribuyente. “Es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones y cosas que tenés que resolver y acomodar”, aclaró.
Y agregó: “Era una de las posibilidades que podían llegar a suceder y, como ciudadano y contribuyente, lo tengo que solucionar, hacerme cargo y arreglarlo. Tendré que cumplir con mi deber como contribuyente”.
En relación con el proceso de construcción, explicó que la obra se inició a partir de un presupuesto acordado y que luego surgieron modificaciones propias del desarrollo del trabajo. “Pasé un presupuesto en el cual se aprueba y se trabaja sobre ese presupuesto y se termina ese presupuesto. Y obviamente que se fueron agregando cosas que no pertenecían a mí. Llevé un poquito mejor la parte administrativa, porque normalmente no sucede nunca así y gracias a Dios que fue así. Al término de ocho meses después, cuando termina la obra y se arma este tema, contaba con cierta documentación que normalmente no le prestamos”, precisó.
Además, el contratista hizo referencia a los costos actuales del sector de la construcción y explicó que las remodelaciones pueden alcanzar valores elevados. En ese sentido, sostuvo que actualmente muchas personas encuentran dificultades para avanzar con obras de este tipo sin contar con financiamiento.
La causa continúa bajo investigación judicial y busca determinar la situación patrimonial del funcionario nacional, mientras el contratista quedó incorporado al expediente con la documentación aportada.
